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Las auditorías del Consell ´indignan´ a los sectores que sufren los impagos
Abogados, profesores, médicos y farmacéuticos ven innecesaria la nueva medida de control del gasto y preguntan si es una reacción a las protestas
Si la lógica recomendaba al Consell mano izquierda con los colectivos que se han rebelado por los impagos y los recortes -farmacias, abogados, docentes, personal sanitario- el último movimiento del Ejecutivo de Alberto Fabra ha irritado aún más a estos grupos críticos con la Generalitat. Y es que horas después de la masiva manifestación en defensa del sector público del pasado jueves, el Consell anunciaba la creación de un cuerpo de auditores para controlar el gasto farmacéutico, la gestión de colegios públicos, el departamento de salud de la Fe y la asistencia jurídica gratuita.
"Esto eleva un punto más nuestro grado de indignación", opina Marc Candela, portavoz del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (STE-PV). "Vivimos una campaña de degradación del funcionario público. Es vago, el maestro tiene tres meses de vacaciones... Nos acusan de generar derroche y crisis", lamenta el sindicalista. "Los centros no pueden derrochar porque hay un presupuesto. Esto es innecesario", opina.
El ámbito de la abogacía, otro a los que el Consell quiere apretar las tuercas con este endurecimiento del control del gasto, tampoco ocultaba ayer su malestar. El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Mariano Durán, replicó de forma contundente: "La primera respuesta es que este jueves nos entregaron la renovación de la certificación Aenor de calidad. Por la gestión del turno de oficio, expedientes, etc. No tenemos ningún problema en que vengan los inspectores".
El Colegio de Abogados mantiene desde hace tiempo un tenso conflicto con la Conselleria de Justicia, que le debe la retribución de los abogados del turno de gran parte de 2011 y ha impuesto un recorte de más del 30 % en los baremos retributivos para 2012. El Colegio anunció esta semana la suspensión de varios servicios jurídicos por los impagos y, en este contexto, el Consell quiere realizar ahora un seguimiento de los gastos reclamados por los letrados en el cuarto trimestre de 2011. "Las medidas que hemos tomado son razonables. No nos pagan e imponen recortes. Tengo la responsabilidad de buscar soluciones y ellos las responsabilidad de no cortar los canales de comunicación", avisa Mariano Durán. Y sobre la puesta en marcha de estas auditorías específicas, el decano de los abogados señala: "Me parece innecesario. Están en su derecho, pero espero que a la fundación Favide, que recibe 1,5 millones en subvenciones, también vayan los inspectores", dijo a modo de ejemplo.
Otro colectivo que será fiscalizado es el farmacéutico, uno de los primeros en alzarse contra los impagos de la Generalitat con una huelga el pasado diciembre. El Consell pretende controlar las facturas de los meses de noviembre y diciembre de 2011, que suponen más de 220 millones de euros.
Deuda a las farmacias
Fuentes del sector farmacéutico mostraron su sorpresa por esta medida, ya que "el gasto farmacéutico es muy transparente". Sólo se dispensan las recetas que llegan. Lo cierto es que las farmacias, según apuntan desde el sector, están cumpliendo con la reducción del gasto. "En noviembre bajó la facturación en más de un 20 % respecto al año anterior", señalan. Pese a todo, las cifras que se adeudan todavía son elevadas. Aun cumpliéndose el plan de pagos previsto para los próximos días (el martes se deben abonar 120 millones de septiembre y en febrero debe pagarse la factura de diciembre), la deuda del Consell con las farmacias de toda la C. Valenciana quedará en 240 millones, relativos a octubre y noviembre.
Entre los sindicatos sanitarios tampoco ha sentado bien que el Consell quiera revisar los pagos al personal de atención continuada, guardias médicas, sustituciones, etc en el primer trimestre de 2012 del departamento de la Fe. "Los que han creado el agujero son los políticos, no los empleados públicos", responde Andrés Cánovas, secretario general del sindicato médico CESM de Valencia. Cánovas planteó por qué no se han hecho antes este tipo de auditorías y se preguntó si "es la respuesta a la manifestación del jueves".
EU pide conductores por oposición y no a dedo
El diputado de EU, Ignacio Blanco, exigió ayer que si se tiene que hacer un recorte de la plantilla de conductores del Consell, se queden los que entraron por oposición, y no los nombrados "a dedo". Y es que con la anunciada reducción del parque móvil, "es evidente que hay un exceso de plantilla". Blanco cree que la decisión de reducir el parque móvil de la Generalitat de 112 a 51 vehículos "tenía que haberse producido antes, porque se trataba de un gasto recortable". Blanco recordó que el pasado octubre defendió en las Corts una propuesta para crear un registro del uso de los coches oficiales, pero el PP se opuso alegando que ya estaba "limitado y regulado y fiscalizado con transparencia. Ahora queda de manifiesto que no era así".